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Fernanda Fernández es una trabajadora tercerizada y precarizada del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que la emplea a través de una fundación. Hace más de cuatro años que trabaja para el ministerio con una renovación anual de contrato (una de las formas del fraude laboral). Pese a la inestabilidad, siempre mantuvo su empleo y desarrolló su militancia en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Pero desde el año pasado comenzó a sufrir una persecución por parte del Gobierno de Tucumán. El conflicto definitivo entre Fernanda y el gobierno tucumano fue la obstaculización de la ILE que impuso el ejecutivo a la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela. Ahora la trabajadora denuncia que le suspendieron el contrato sin causa.

Pese a las persecuciones, Fernanda Fernández continúa con su militancia y activando por la Campaña. En este audio nos cuenta los detalles de la organización de la marcha del 8M en su provincia.

 

 

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